Industria

Un fallo que desconoce al universo de las pymes

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió el 1 de noviembre pasado, admitir la apelación del Estado Nacional  y revocar la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal N 3, que suspendía parcialmente la aplicación del nuevo cuadro tarifario del gas  ante la presentación de un recurso de amparo colectivo por parte  de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).

Recordamos que  el pedido de amparo de APYME, por el que el juez federal Vaca Narvaja dictó la medida cautelar de suspensión del nuevo cuadro tarifario, tuvo como objetivo la defensa de todos “pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines que pudieran verse afectados con el dictado de las normas que se cuestionaron”.

Lamentablemente la Cámara, deteniéndose en una cuestión de forma, desconoce al universo de las Mipymes, aduciendo que no pueden conformar un sujeto homogéneo. Es decir, objeta la diversidad de empresas y situaciones. Este cuestionamiento no tiene en cuenta la ley 24.467, que define la categoría de Pymes. Incluso contradice una resolución reciente del Ministerio de Energía (129/2016), que acude a esa categorización  en el momento de instaurar el tope del 500 % para las tarifas de gas.

Por lo tanto, el pedido de APYME de exceptuar al sector de los aumentos dispuestos con anterioridad al nuevo cuadro tarifario (los que rigieron entre abril y octubre),  se basa sobre la necesidad objetiva de segmentar las medidas que se toman de acuerdo con una categorización claramente estipulada y respetando  por lo tanto el principio de igualdad ante la ley respecto de los usuarios residenciales.   La cuestión de fondo, que se refiere al carácter desmedido, inequitativo e ilegal de los aumentos, aún debe ser resuelta por el juez interviniente.

Estos hechos se dan en un contexto de emergencia sectorial que el Gobierno desconoce  de modo sistemático y que es en gran parte fruto de sus propias políticas económicas, en muchos casos impuestas mediante procedimientos jurídicamente cuestionables.

Sería preferible que en lugar de obstruir reclamos legítimos, quienes gobiernan expongan claramente  a la sociedad las razones y fundamentos, no sólo de los tarifazos, sino de todas las disposiciones que se vienen adoptando en perjuicio de los eslabones más débiles de la actividad productiva, con el consiguiente impacto en el empleo y la calidad de vida de todos los argentinos.

 

 

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